Por Capucha Informativa
Durante la jornada de este martes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe final sobre los asesinatos ocurridos en Senkata y Sacaba. En él se denunció los actos de violencia contra civiles, en manos de la policía y las Fuerzas Armadas tras el derrocamiento de Evo Morales en noviembre de 2019. Los hechos sucedidos en Senkaya y Secaba dejaron al menos 37 muertos.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó la masacre en su informe en La Paz al actual presidente de Bolivia, Luis Arce.
«En el marco de un conflicto político rodeado de violencia, al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares recibieron lesiones de consideración tanto físicas como psicológicas«, afirmó la representante del GIEI, Patricia Tappatá.
«La Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado y no previnieron adecuadamente los actos de violencia dejando desprevenidos a los ciudadanos y ciudadanas», indicó la investigación presentada en el Banco Central de Bolivia.
Esta investigación abarcó los siguientes periodos donde ocurrieron los crímenes de lesa humanidad: el fin del gobierno de Evo Morales y el comienzo de su sucesora, la senadora derechista Jeanine Áñez. Esos hechos de violencia, como fueron las masacres que enlutó a Bolivia, ocurrieron con mayor envergadura durante la presidencia de Áñez, quien en la actualidad se encuentra detenida. La exmandataria interina asumió el poder en circunstancias irregulares ante una Asamblea desprovista de quórum y de oposición.
Por lo tanto, la masacre ocurrida «involucra la responsabilidad del Estado, por actos de agentes estatales y de particulares en las circunstancias contempladas en la jurisprudencia de la CIDH», precisó Tappatá sobre lo ocurrido en Senkata y Sacaba.
No todos los gobiernos reconocen violaciones a los DD.HH.
Mientras que la exmandataria Áñez se encuentra en prisión desde marzo del año pasado, en Chile uno de los principales actores que permitieron el asesinato de 47 civiles, Sebastián Piñera, sigue ejerciendo su cargo de presidente. Inclusive, para la visita realizada por CIDH en enero de 2020, el gobierno puso varios obstáculos para evitar que se concretara y, por lo mismo, la visita estuvo en riesgo, según constató Ciper.
A pesar de que el informe publicado por la Comisión revelara “que la respuesta del Estado frente a las movilizaciones se caracterizó por la represión mediante un uso desproporcionado de la fuerza y conductas repetitivas de violencia en contra de manifestantes”, las cuales tuvieron como resultado una cifra elevada de víctimas de violaciones de DD.HH., no hubo mayor respuesta desde el gobierno.
Mientras que en Bolivia, el gobernador de la rica región de Santa Cruz (este), Luis Fernando Camacho, dijo que el informe «es claro», porque «los muertos y las violaciones a los derechos humanos empezaron en el gobierno de Evo Morales y concluyeron» en el de Áñez. Y por lo mismo agregó que «si Jeanine Áñez es enjuiciada, Evo también debe ser procesado».
Además, el expresidente centrista Carlos Mesa (2003-2005) de Bolivia sostuvo que, a raíz de lo ocurrido en el país, se debe realizar una reforma del sistema judicial, como «requisitos para garantizar justicia y el debido proceso en los casos que deben juzgarse». Es importante mencionar que Mesa es sindicado por el oficialismo como uno de los responsables del supuesto golpe de Estado, junto a la Iglesia católica, la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA), los gobiernos del argentino Mauricio Macri y el ecuatoriano Lenín Moreno.
